Otros dos concejales de la etapa socialista en Benidorm -Mariola Fluviá y Conrado Hernández, que sigue siendo edil- están llamados a declarar ante el titular del juzgado que sigue la causa de las contrataciones y pluses irregulares en el ayuntamiento durante el mandato de Agustín Navarro, unos 43 posibles enchufes a familiares, afiliados y afines al PSOE.
Ambos tendrán que acudir el próximo día 28 para prestar declaración a petición del propio Agustín Navarro, con quien compartieron gobierno hasta 2011 en el caso de Fluviá, y hasta 2015 en el caso de Hernández. El hoy diputado provincial ha solicitado que testifiquen después de que otro exconcejal, Juan Ramón Martínez, se desentendiera de estos contratos y declarara que todas las decisiones eran suyas, en mayo del año pasado.
Esta declaración se une a la que también deberá prestar el mismo día el coordinador de Recursos Humanos en época socialista, Daniel Caneiro, aunque este lo hará en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, según consta en la providencia del juez, a la que ha tenido acceso Efe.
En esta causa, además, están siendo investigados Navarro, Martínez y la exjefa de Personal Carmen Navarro, a quienes se les acusa de tres presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa en la modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El caso deriva de una denuncia formulada por el Sindicato Profesional de Policía local y Bomberos (SPPLB) por la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían sido para personas con vínculos políticos o familiares con el PSOE de Benidorm.
Igualmente se investiga la concesión de pluses, complementos de productividad y ascensos de algunos funcionarios afines entre 2009 y 2012.
Todo aquello supuso un desfase presupuestario de 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal y contó con los reparos del departamento de Intervención, que fueron levantados por el entonces alcalde.
Anunció una denuncia
Uno de los dos nuevos llamados a declarar, Conrado Hernández, que fue portavoz del equipo de gobierno, mano derecha de Navarro y concejal de Servicios Técnicos, anunció en su día un pleito contra el sindicato por denuncia falsa.
Mariola Fluvià, por su parte, se ocupaba de las áreas de Playas, Medio Ambiente y Contratación.